NARCOCRÓNICAS

La Argentina contra la pared

AGUAS BLANCAS

José Luís Bruno, el actual Fiscal Federal de Orán, hizo algo extraordinario en la Argentina de hoy: ser realista, coherente y práctico. ¡Tremendo pecado! Concretamente el funcionario judicial señaló que la ciudad boliviana de Bermejo ha crecido enormemente en los últimos tiempos y eso hizo que se convierta en una base de operaciones del crimen organizado; de allí que, para Bruno, una muralla en Aguas Blancas ayudaría a controlar el narcotráfico y el contrabando que azota a diario a la región.

Amurallarse no es un gesto amable, pero es una necesidad. Ciertamente los muros no son la solución definitiva a los problemas fronterizos, pero son un instrumento muy útil para contribuir con el avance del crimen. Igual que poner rejas sobre las ventanas de una casa.

Es por ello que resulta asombrosa la reacción de muchos personajes e instituciones salteñas. Baltasar Lara Gros, un diputado provincial oficialista, hijo del intendente de Orán, sostuvo que la medida es inútil porque es paliativa. Nadie dice lo contrario, pero ello no vuelve a la idea de la muralla en una mala idea. Todos estamos de acuerdo en que la muralla es una medida primaria, un gesto necesario para anunciar el fin de fiesta. Si Lara Gros cree que poniendo una pared se resuelve todo, entonces significa que este político es corto de vista y no tiene capacidad para comprender que la realidad se cambia paso a paso.  

Lara Gros asegura además que en la frontera entre México y EEUU hay una muralla, y aún así la droga sigue ingresando al país anglosajón. Ello, claro, es cierto, pero lo que el legislador no menciona es que el tráfico de drogas sería mucho más sencillo si el muro no existiese.

Los argumentos anti-muralla de Silvia Jarzún son aún mucho más graves que los de Lara Gros: según la dirigente peronista el blindaje debe ser sólo simbólico, mas no físico. O sea que con trabajo y educación, la droga no pasará. El pensamiento es agradable y políticamente correcto, pero olvida que los que mueven la droga que se exporta son gente con estupendos trabajos (la mayoría está en el gobierno) y con educación de sobra (hay abogados, contadores, etc). La muralla no salvará al chico que está en la calle fumando paco, pero servirá para que el que le entrega el paco al que se lo vende al fumador no pueda hacerlo con la impunidad que lo hace hoy en día.  

Sin embargo quien se llevó los laureles de la estulticia (o de la complicidad) es Ricardo Díaz, el cónsul boliviano en Salta. Según este diplomático, la muralla detendría la “unidad latinoamericana”. ¿Acaso este hombre cree que una pared puede frenar un sentimiento? ¿Lo dice por imbécil o por desgraciado? 

Y para empeorar las cosas, el tal Díaz sostuvo que no debe pensarse en el narcotráfico como algo relacionado a la inmigración. Si bien es cierto que la producción de drogas en territorio argentino crece día a día, lo cierto es que los estupefacientes siguen ingresando en cantidades gigantescas a través de las fronteras nacionales, especialmente a través de la frontera norte. No es un secreto que el 90% de la cocaína que penetra en nuestro país lo hace a través del espacio boliviano, y tampoco es un secreto que existen las “mulas”, que son gente que carga con la droga encima suyo y cruza de un país al otro como si fuese alguien honesto haciendo un simple viaje internacional.

Para rematar este asunto, el infaltable INADI –una de las más costosas sucursales de La Cámpora– emitió un comunicado acusando al Fiscal Bruno de ser un xenófobo por querer defender la legalidad. Insólitamente, el funcionario judicial terminó por ceder ante la presión y se desdijo públicamente.

En Misiones el gobierno de la provincia decidió hacer lo que en Salta es sólo una ilusión: ellos ya han levantado el muro y están controlando la frontera de modo tal que a los narcotraficantes y a los contrabandistas no les resulte tan sencillo atacar a la Argentina. La guerra contra los criminales tiene otra dimensión en Misiones: allí los argentinos parecen querer derrotar al enemigo. Aquí, en cambio, ellos nos tienen contra la pared.

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¿Narcojuez?

  El juez federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, de Salta, uno de los puntos clave de ingreso de la cocaína al país, es investigado por supuesta complicidadcon narcotraficantes.

JUEZ REYNOSO

La novedad se conoció hoy con una serie de allanamientos simultáneos en el juzgado de Raúl Reynoso y en otros inmuebles de Orán y Pichanal. Los procedimientos los lleva a cabo la Policía de Seguridad Aeroportuaria por orden del juez federal de Salta, Julio Bavio, a instancias del fiscal Eduardo Villalba y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias, según consigna La Gaceta de Salta. 

Según el Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema, Reynoso es investigado por supuestamente pertenecer a "una organización criminal que tenía por objetivo la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal" de sospechosos de narcotráfico

  Sobre todo, se tendía supuestamente a conseguir "la libertad ambulatoria" de los imputados. Es decir, a excarcelarlos mientras seguían bajo investigación.

Según la resolución firmada por el juez Bavio, existen motivos suficientes de que Reynoso ha participado en las conductas ilícitas objeto del proceso y, en consecuencia, fue citado a indagatoria para el 11 de noviembre próximo, a las 10.

"Según la resolución firmada por el juez Bavio, existen motivos suficientes de que Reynoso ha participado en las conductas ilícitas objeto del proceso y, en consecuencia, fue citado a indagatoria para el 11 de noviembre próximo, a las 10", informa el CIJ.

 La lupa se posó sobre Reynoso a raíz de la polémica excarcelación de José Luis Sejas Rosales, un transportista boliviano acusado en un caso de narcotráfico. El hombre salió en libertad y luego se fugó del país. Pero hay mucho más. Según la Procunar, "las conductas narradas por los denunciantes fueron cotejadas (...) en al menos 11 causas judiciales". 

En la requisitoria, los fiscales "pidieron investigar el pago de una coima de 350 mil dólares para que se dictara aquella resolución que provocó la soltura de Sejas Rosales, representado por su abogado R.A.V".

En otra denuncia, la expareja de un supuesto narco dijo que "siempre que él caía preso por drogas y lo llevaban a Orán, estaba confiado porque arreglaba por plata", porque "le pagaba al juez para salir". 

n el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal, se consigna que el magistrado Reynoso "es el único juez federal con asiento en la localidad de Orán, con competencia exclusiva en materia de la ley de estupefacientes, y dominio en todos los expedientes vinculados al comercio de drogas".

Por eso, aseguran, "su poder extorsivo es omnipotente, y recae sobre cada imputado que se encontrara detenido a su entera disposición, valiéndose para sus cometidos de los letrados 'amigos', quienes sin duda alguna monopolizaban las defensas en la sustanciación de expedientes en materia de ilícitos cometidos en el marco de la ley 23737".

En julio pasado, poco después de ser apartado de la causa del transportista boliviano, Reynoso había salido por los medios a solicitar al menos dos juzgados nuevos para Orán, según publicó El Tribuno.

Además, para los fiscales "existen pruebas concluyentes" sobre la "percepción de dádivas hacia el entorno del juez Reynoso". Citan por ejemplo que un acusado de narcotráfico era el titular de una camioneta Volskwagen Amarok, "que transfirió pocos días después de su libertad a una persona que, en el mismo acto, extendió una cédula azul a nombre del abogado A.E.G., cuñado del juez Reynoso